NICARAGUA: UN ESTADO POLICÍACO Y CON IMPUNIDAD LEGALIZADA

  • El desplazamiento forzado ha sido una consecuencia de toda esta represión, como resultado al menos 142 mil personas han sido forzadas a dejar su país.

LATAM.- En el marco del continuo deterioro de la situación de vulneración de derechos humanos en Nicaragua y la falta de compromiso del Estado por buscar una solución para la salida de esta crisis, el Mecanismo para Nicaragua realizó un conversatorio sobre el establecimiento de un proceso de justicia y rendición de cuentas para Nicaragua en el que reflexionó sobre el papel de la comunidad internacional. Además, se abordó el tema de “animar a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a que den una respuesta contundente este próximo 14 de diciembre en el diálogo interactivo sobre Nicaragua”.

Participaron la defensora de Derechos Humanos, Wendy Flores por parte del Colectivo de Derechos Humanos para Memoria Histórica de Nicaragua (“Nicaragua Nunca Más”), Jacob Ellis William activista afrofeminista y que forma parte de la Mesa de Articulación LGBTIQ+ en el exilio (MESART) y de la Red de Mujeres Pinoleras; María Luisa Acosta que es Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI). Además, de la representación de la Asociación Madres de Abril.

Los panelistas expusieron la vulneración de los derechos de los sectores más expuestos de la sociedad, defensores de Derechos Humanos, pueblos indígenas y afrodescendientes, y exiliados. “Nicaragua se mantiene en un estado policiaco siguen prohibidas las manifestaciones, marchas, reuniones de personas que de forma individual o grupal pretenden denunciar la situación de violación de derechos humanos simplemente estos derechos han sido suprimidos por la Policía Nacional y los principales activistas se encuentran bajo una vigilancia policial o por fuerzas para estatales de manera permanente”, denunció Wendy Flores.

“El desplazamiento forzado ha sido una consecuencia de toda esta represión, como resultado al menos 142 mil personas han sido forzadas a dejar su país y buscar protección para resguardar su vida”, agregó Flores. Destacando igualmente, las situaciones de vulnerabilidad que se viven en el exilio.

La Doctora en Derecho, María Luisa Acosta mencionó que “se continúan implementado la política de colonización interna de la Costa Caribe de Nicaragua que refleja en el extractivismo con empresas como de tala forestal y empresas mineras ya que Nicaragua tiene el 30 por ciento de su territorio nacional concesionado. También por el monocultivo de la palma africana que se expande sin control en la Costa Caribe, las invasiones de colonos que caminan generando el avance de la frontera agrícola y el despojo de los recursos naturales que generan inseguridad alimentaria”. De igual forma denunció los crímenes de asesinato y de carácter sexual que se cometen en contra de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Legalización de la impunidad

En representación de la Asociación Madres de Abril manifestó que las causas estructurales de la violencia que se vive en el país es la impunidad con que actúa el régimen Ortega-Murillo. “Las causas estructurales es la legalización de la impunidad implementada del régimen Ortega-Murillo, que no solo negaron los hechos sino que escapar de su responsabilidad directa en la violación de los derechos humanos y de manera particular de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos”. También determinó que la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz jugó un papel determinante en la narrativa para ocultar las transgresiones y quebrantamientos a los derechos humanos luego del inicio de la crisis sociopolítica en 2018 cometidos por el régimen.

Para la activista afrofeminista Jacob Ellis William, los patrones por parte de la represión ha tenido especial agresividad con las personas de la diversidad sexual, mujeres activistas y defensoras nicaragüenses por ser un país “profundamente patriarcal”. “Testimonios de algunas mujeres ex reas políticas resaltan que en su mayoría sufrieron abuso y violencia sexual. Todo ello bajo el marco de impunidad”, puntualizó la activista.

LA PRENSA

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